La Ley General de la Discapacidad (antigua LISMI), establece que todas las empresas públicas y privadas que tengan una plantilla de 50 o más personas contratadas, están obligadas a reservar un 2% de los puestos de trabajo para personas con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. El objetivo de esta ley es impulsar y fomentar la integración laboral de las personas con certificado de discapacidad.

Las empresas públicas o privadas que no pueden cumplir con la cuota de reserva del 2% pueden acogerse, mediante certificado de excepcionalidad emitido por la Administración Pública, a las Medidas Alternativas establecidas por la LGD.

Motivos de excepcionalidad:

• No se ha podido cubrir una oferta laboral por falta de candidaturas o perfiles. Es necesaria una certificación de los Servicios Públicos (en un plazo de 2 meses desde la presentación de la oferta).
• La empresa obligada acredita que existen especiales dificultades de carácter productivo, organizativo, técnico o económico para la contratación de personas con discapacidad.

A través de nuestro Centro Especial de Trabajo, sin ánimo de lucro, MIFASCET, podemos proporcionarle una serie de servicios ajenos a los de su empresa. Estos servicios favorecen la inclusión social del colectivo de personas con discapacidad, dado que el 80% de la plantilla de nuestros CET's está formada por personas con certificado de discapacidad.

Servicios para su empresa:

• Servicios de conserjería.
• Servicios administrativos.
• Servicios de control de accesos y recintos cerrados.
• Servicios de limpieza.
• Servicios de pintura vial.
• Servicios de lotes de Navidad y artículos de merchandising.
• Servicios a convenir en función de la actividad de la empresa.

La LGD establece que se pueden realizar donaciones o acciones de patrocinio de carácter monetario a fundaciones y/o asociaciones declaradas de utilidad pública, que tengan como objetivos la formación profesional, la inserción laboral y/o la creación de trabajo en favor de las personas con discapacidad y, por último, su integración en el mercado de trabajo.

Nuestra entidad es receptora de donaciones o acciones de patrocinio. Su aportación se destinará al Servicio de Integración Laboral, en acciones de apoyo en la búsqueda de empleo y formación para las personas con discapacidad.

La Responsabilidad Social Corporativa es una forma de actuación que adoptan las empresas, basándose en los posibles impactos que su actividad puede generar tanto en su entorno más cercano (clientela y personal laboral), como en el entorno que les rodea (sociedad y medio ambiente).

Una empresa que logra aplicar la RSC en su política laboral logra, por un lado, mejorar la gestión interna de las personas trabajadoras con el fin de aumentar el grado de satisfacción y compromiso con la empresa y, por otra, crear valor a la empresa para que se mejore la percepción de la sociedad sobre su forma de actuar, sus productos y servicios. Además aporta un valor diferencial respecto a la competencia.

La RSC aplicada a nivel laboral va más allá de la retribución salarial, la promoción, la flexibilidad horaria o la conciliación de la vida familiar y laboral. También incluye medidas como la sensibilización de las personas trabajadoras hacia los temas sociales.